Autoridades deben aprobar ley para recalificar a 6.972 víctimas de dictaduras

Según el Acuerdo firmado en agosto 2022 entre Gobierno y víctimas de dictaduras 1964 a 1982 con Luis Arce como testigo, este mes debe aprobarse la Ley de Recalificación de personas que sufrieron: tortura, exilio, asesinato, desaparición y otros vejámenes y fueron excluidos de todo resarcimiento.

Para fin de 2022, dirigentes de víctimas, Ministerio de Justicia y comisión de DDHH del Parlamento, consensuaron el Proyecto de Ley que está en análisis de la Unidad de Políticas Económicas Udape. Se espera que este mes sea aprobado por diputados y senadores y, luego promulgado.

Con dicha norma, el Estado podrá reparar económicamente a 6.972 víctimas de dictaduras, que fueron rechazadas desde 2004 (Ley 2640) y las que no presentaron documentos por la reiterada negligencia de abogados de las comisiones Conrevip y Comteca que les exigían: «Certificado» de torturas sufridas, ante paramilitares y sicarios, alemanes, argentinos y bolivianos.

Resarcimiento a cuenta gotas

Entretanto, las otras 1.714 víctimas, calificadas desde hace 11 años, esperan que este mes se complete el resarcimiento de 80% pendiente. Un 20% les fue desembolsado el año 2012 luego que la ministra de Justicia, Cecilia Ayllón, dividió y polarizó a las víctimas y sus dirigencias.

Esa acción estatal ocasionó que se instale la “Carpa El Prado” donde las víctimas se mantuvieron por más de 10 años hasta la firma del acuerdo del 21 de agosto de 2022.

En la Audiencia ante CIDH del 24 de junio 2021, dirigentes de víctimas hicieron tres observaciones. Primero, demostraron que Bolivia –a través de sus conductores de Estado– está muy atrasada en cumplir con las personas que entre 1964 y 1982 dieron su vida, por la democracia y la libertad.

Segundo, evidenciaron que la Procuraduría del Estado NO inició juicios contra decenas dictadores y cientos de represores; por ello las familias Ibsen, Trujillo, Ticona y, Nuri Nasif por todas las víctimas, entre otros, enjuician al Estado ante la Comisión Interamericana de DDHH y, Corte IDH. Esos procesos duran 15 años en promedio

Tercero, expusieron con detalle las graves debilidades en forma y fondo del trabajo y del Informe de la Comisión de la Verdad (Ley 879) y exigieron se instale una nueva Comisión, como ocurrió en Chile donde funcionaron tres comisiones de la verdad.

A partir del convenio de agosto de 2022, víctimas de dictaduras de los 9 Departamentos se comunicaron con ANC para narrar sus penurias y exigir resarcimiento. Entonces, comenzaron a conocerse historias de: Julio Ramos (Chaco), Carlos Mantilla (El Alto), Edgar Arandia (La Paz), Renato Arce, David Acebey, Nuri Nasif y Leslie Andreuzzi (Santa Cruz), entre muchos otros.

ANC

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