De la verificación efectuada por la Defensoría del Pueblo en la ciudad de Santa Cruz se evidenció graves
vulneraciones a los Derechos Humanos que no se pueden permitir.
Saludamos el interés del Gobierno y el Comité Interinstitucional de acudir a una mesa de diálogo que se
desarrollará el día de mañana. Sin embargo, subsisten las acciones que vulneran los derechos humanos por lo que,
con la finalidad de evitar la escala de violencia, la Defensoría del Pueblo exige que las partes en conflicto adopten
las siguientes medidas de acción:
1. Todos los involucrados en el conflicto deben evitar declaraciones que perjudiquen el proceso de diálogo y las
posibles soluciones.
2. El Gobierno debe dialogar con los líderes que impulsan las marchas, bloqueos y cercos a la ciudad Santa Cruz
para lograr un cuarto intermedio que permita que las familias accedan a la provisión de alimentos,
medicamentos y servicios básicos.
3. El Comité Pro Cívico de Santa Cruz debe pedir a los sectores movilizados que dejen de provocar violencia y
hostigar a la población.
4. El Gobernador de Santa Cruz debe concertar con quienes bloquean puntos de acceso a la ciudad para que se
flexibilicen el tránsito o circulación de las personas, de tal modo que no vulneren sus derechos, en especial de
las personas en situación de vulnerabilidad.
5. El Gobernador de Santa Cruz, como autoridad electa tiene la responsabilidad de promover el diálogo, sin
ceder la misma a otras instancias.
6. El Alcalde de la ciudad de Santa Cruz debe continuar promoviendo el levantamiento de los bloqueos en el
botadero de basura, como parte de su responsabilidad.
7. Los medios de comunicación, independientemente de la línea editorial que pudieran tener, deben cumplir
con su rol de constructores de la defensa de los derechos humanos y el diálogo, buscando que las tensiones
bajen.
8. El Censo Nacional de Población y Vivienda es una demanda legítima del pueblo, sin embargo, debe encontrar
respuestas en el nivel técnico.
9. El Gobierno central, departamental y municipal de Santa Cruz, deben garantizar la provisión de alimentos,
acceso a servicios básicos, insumos médicos, transporte y combustible, con prioridad a la población vulnerable
(niños, niñas, adultos mayores y personas con discapacidad).
10. El Gobierno, al momento de hacer uso de la fuerza pública, a través de la Policía Boliviana, debe respetar el
criterio de legalidad, proporcionalidad y, sobre todo, el respeto de los derechos humanos establecidos en la
Constitución Política del Estado y los instrumentos internacionales de derechos Humanos.