No existen condiciones para proteger la salud de efectos dañinos del mercurio en minas

La Defensoría del Pueblo identificó que en el país no existen las condiciones materiales, técnicas ni económicas para proteger la salud humana y el medio ambiente sano de las emisiones antropogénicas de mercurio producidas, principalmente, por la actividad minera aurífera, cuya importación ha crecido de manera sostenida y exponencial, a pesar de ser un metal altamente tóxico, señaló la Defensora del Pueblo, Nadia Cruz.

“Hemos visto como defensores de derechos humanos que la afectación ya es tangible y evidente, más allá que todavía faltan información e informes técnicos, que no han sido desarrollados por las entidades estatales. Consideramos que la actividad minera, posiblemente, no vaya a cesar; pero tiene que ser amistosa con los derechos humanos, de los pueblos indígenas y de la Madre Tierra”, enfantizó Cruz.

Ésta es una de las conclusiones del informe defensorial “Estado de Implementación y Cumplimiento del Convenio de Minamata sobre el Mercurio 2017-2022”, que fue presentado este martes por la Defensora.

 “El mercurio liberado por las mineras auríferas es un riesgo para la salud cuando ingresa en el organismo de peces, que son consumidos por pueblos indígenas, como los Esse Ejja, Leco, Tacana y Pacahuara, y que afecta el medio ambiente”, indicó la autoridad defensorial.

Añadió que el pueblo Esse Ejja corre el riesgo de extinción física y cultural debido a la contaminación con mercurio de su territorio y sus recursos piscícolas. De acuerdo a un estudio de la Red Internacional de Eliminación de Contaminantes (IPEN por sus siglas en inglés) y el Instituto de Investigaciones en Biodiversidad (BRI por sus siglas en inglés), apoyado por el colectivo Reacción Climática de Bolivia, existen altos niveles de mercurio en los organismos de estos habitantes.

La investigación defensorial abarcó los municipios Guanay, Sorata, Tipuani, Mapiri, Teoponte, Caranavi, Apolo, Palos Blancos, Ixiamas, San Buenaventura, Rurrenabaque, Reyes, Riberalta, Guayaramerín, San Lorenzo, Puerto Gonzalo Moreno, San Pedro, Nueva Esperanza y Villa Nueva de los departamentos de La Paz, Beni y Pando, donde se registra una intensa actividad minera aurífera. 

Actualmente, dijo Cruz, la minería es uno de los rubros económicos más importantes en Bolivia y la minería del oro ha tenido un crecimiento acelerado, tanto que para la gestión 2020, el valor del oro exportado superó al del gas natural. En este rubro, el sector cooperativista encabeza la producción, pues para el año 2020, existían alrededor de 2.077 cooperativas mineras, el 70% de las cuales estaba dedicada a la minería aurífera. A raíz del crecimiento del sector aurífero, también se han incrementado los niveles de importación del mercurio, y, entre 2015 y 2019, el promedio anual de mercurio importado fue de 198 toneladas.

La Defensora señaló que la investigación defensorial identificó la falta de un plan nacional de reducción de uso de mercurio con carácter integral, que incluya acciones concretas para la limitación y control del uso de este metal en actividades mineras auríferas o cualquier otra de tipo industrial, como establece el Convenio de Minamata. Ese plan debe señalar, además, las consecuencias de la exposición al mercurio, la sintomatología, tratamiento y mecanismos de prevención de daños a la salud, además de registro de comercializadores y control de los volúmenes de venta interna.

“Por otro lado, existe una resistencia del sector cooperativista a las regulaciones del mercurio, que son necesarias para evitar la vulneración de derechos humanos de los pueblos indígenas y de la Madre Tierra”, observó Cruz, quien acotó que la vulneración de derechos por la exposición al mercurio liberado por la minería tiene relación directa con la reducida inversión destinada la concentración o beneficio del oro.

Dijo que otra de las conclusiones del informe señala que el cumplimiento del Convenio de Minamata está sujeto a que se brinden las condiciones jurídicas, técnicas, operativas, económicas y materiales a las Entidades Territoriales Autónomas municipales y departamentales.

El informe contiene recomendaciones a la Asamblea Legislativa Plurinacional, a los Ministerios de Medio Ambiente y Agua, Presidencia, Economía y Finanzas Públicas, Planificación del Desarrollo, Desarrollo Productivo y Economía Plural, Minería y Metalurgia, Salud, Obras Públicas, Servicios y Vivienda, y Trabajo, Empleo y Previsión Social; asimismo, a los gobiernos autónomos departamentales de La Paz y Beni y a los gobiernos autónomos municipales de San Buenaventura, Puerto Gonzalo Moreno, Mapiri, Teoponte, Caranavi, Apolo, Rurrenabaque, Reyes, Riberalta, Guayaramerín, San Lorenzo, Puerto Gonzalo Moreno, San Pedro y Nueva Esperanza, para que establezcan acciones para cumplir con el Convenio de Minamata.

“Estas recomendaciones tienden a que podamos generar diálogos participativos, responsables, donde el Estado y nosotros como comunidad podamos aportar hacia un plan nacional, que cumpla la finalidad que tiene el Convenio de Minamata”, dijo la Defensora. Y señaló que “la Defensoría del Pueblo se pone a dispocisión de las entidades estatales, la sociedad civil, los actores mineros y los pueblos indígenas originario campesinos, a que podamos avanzar en una regulación”.

En la presentación, el viceministro de Medio Ambiente, Magin Herrera, dijo que el informe defensorial contiene importantes datos y palabras clave que nos llama a una profunda reflexión. “Consideramos que encabezados por la Defensoría del Pueblo, podemos instalar una mesa de trabajo que tengan objetivos reales y con la participación de los demás actores del Estado de Bolivia, porque se requiere presupuesto para avanzar”, señaló.

Por su parte, la Coordinadora General de Reacción Climática Carmen Capriles aprovechó el espacio para solicitar a la AJAM que revierta las concesiones en las áreas protegidas, especialmente en el Madidi.

“El informe defensorial es pertinente, porque en este mes se cumple el plazo para que Bolivia presente el plan de acción en el marco del cumplimiento del Convenio de Minamata”, recordó por su parte el Director del Centro de Documentación e información Bolivia (CEDIB), Oscar Campanini.

La Defensora convocó al Ministerio de la Minería, a la AJAM y otras instancias gubernamentales competentes en el tema, a iniciar un trabajo coordinado e integral, conjuntamente, el sector minero cooperativista que en la presentación del informe defensorial estuvo representado por el presidente de FENCOMIN, Octavio Ramos y los presidentes de las federaciones departamentales de este sector.

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